El PIB de la esclavitud sexual es un tema que ha causado controversia debido a una serie de razones y son las siguientes:
La entrada del tráfico de drogas y la prostitución en el Producto Interior Bruto de los países de la UE debe tratarse de un intercambio libre. Francia encabeza una rebelión contra la inclusión de la prostitución, a la que por ahora no se ha sumado ningún otro país europeo.
Carmen Quintanilla, diputada del PP y presidenta de la Comisión de Igualdad nos dice que el aumento del PIB no puede basarse en la violación de los derechos humanos ya que muchas prostitutas son niñas. La policía española y dos diputadas aseguran que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas.
El propio ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz, señaló en 2013 en la presentación del plan de la lucha contra la trata con fines de explotación sexual.
Hetaira, que defiende la legalización de la prostitución en España calcula que una de cada siete trabajadoras del sexo lo hacen obligadas.
Las normas europeas dicen que las actividades ilegales debe contabilizarse en el PIB, pero solo aquellas en las que los dos actores actúen de forma voluntaria, en las que la transacción entre cliente y consumidor sea consentida.
El documento ESA 2010 explica que las acciones ilegales que cumplan con las características del resto de las transacciones deben ser tratadas igual que las acciones legales. Muchas acciones ilegales son crímenes contra las personas o propiedades y en ningún caso pueden ser contabilizadas como transacciones.
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